La Oficina Nacional de lucha contra el fraude en colaboración con Seguridad Social, Agencia Tributaria, Inspección de Transportes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, realizarán controles a empresas cargadoras para las que trabajen este tipo de flotas, al igual que se controlarán las cooperativas para detectar los casos de los supuestos socios que son, en verdad, falsos autónomos. En este caso, se obligará a las empresas a que regularicen la situación laboral del trabajador con efectos retroactivos hasta los cuatro últimos años. Las llamadas “empresas buzón” causan al año graves perjuicios al tejido empresarial español del transporte por carretera y supone ser competencia desleal. Se inspeccionará también la trata de seres humanos. Este plan formará parte para la Inspección de Trabajo durante el periodo 2018-2020, el cual ha sido aprobado por el Gobierno en julio de 2018, con intención de mejorar la calidad y condiciones de empleo.
