La Comisión Europea ha presentado un reglamento ante el Parlamento Europeo que reemplazará la Directiva Europea sobre Morosidad. Este reglamento, que se espera sea aprobado, modificará significativamente los plazos de pago entre empresas.
Hasta ahora, la Directiva Europea establecía un plazo de 60 días para que las empresas realizaran sus pagos. Sin embargo, la propuesta más destacada de este nuevo reglamento es la reducción de este plazo a tan solo 30 días.
Esta medida tiene como objetivo principal reducir la morosidad y proporcionar una inyección de efectivo a las empresas que dependen de los pagos puntuales para mantener sus operaciones.
Además de acortar los plazos de pago, el reglamento también introduce la legalización automática de tasas compensatorias e intereses en caso de morosidad. Esto proporcionará a las empresas una forma más eficiente de hacer valer sus derechos y buscar reparación, lo que probablemente resulte en costos más bajos en comparación con los procedimientos judiciales tradicionales.
La morosidad empresarial ha sido un problema constante en la Unión Europea, afectando especialmente a las pequeñas empresas desde 2017. El plazo de 60 días para los pagos ha contribuido a este problema y ha obstaculizado la competitividad de las empresas, aumentando la incertidumbre financiera y reduciendo la participación de las pequeñas empresas en contratos públicos. Además, ha aumentado las necesidades de capital circulante y los costos asociados al tiempo dedicado a perseguir a los deudores y a la financiación.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había anunciado el año pasado su intención de revisar la Directiva sobre Morosidad, argumentando que era injusto que una de cada cuatro quiebras se debiera a facturas impagadas. Ahora, parece que esta revisión está en camino de convertirse en realidad.
El sector del transporte español, cuenta con una normativa específica para sancionar a aquellas empresas que se demoran en realizar pagos más allá de los 60 días legales. Esta medida fue implementada tras las negociaciones con el Ministerio de Transportes, para abordar los problemas de morosidad específicos del sector, y desde su implantación se han iniciado números expedientes sancionadores por no respetar los plazos de pago.
Hasta ahora, la Directiva Europea establecía un plazo de 60 días para que las empresas realizaran sus pagos. Sin embargo, la propuesta más destacada de este nuevo reglamento es la reducción de este plazo a tan solo 30 días.
Esta medida tiene como objetivo principal reducir la morosidad y proporcionar una inyección de efectivo a las empresas que dependen de los pagos puntuales para mantener sus operaciones.
Además de acortar los plazos de pago, el reglamento también introduce la legalización automática de tasas compensatorias e intereses en caso de morosidad. Esto proporcionará a las empresas una forma más eficiente de hacer valer sus derechos y buscar reparación, lo que probablemente resulte en costos más bajos en comparación con los procedimientos judiciales tradicionales.
La morosidad empresarial ha sido un problema constante en la Unión Europea, afectando especialmente a las pequeñas empresas desde 2017. El plazo de 60 días para los pagos ha contribuido a este problema y ha obstaculizado la competitividad de las empresas, aumentando la incertidumbre financiera y reduciendo la participación de las pequeñas empresas en contratos públicos. Además, ha aumentado las necesidades de capital circulante y los costos asociados al tiempo dedicado a perseguir a los deudores y a la financiación.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había anunciado el año pasado su intención de revisar la Directiva sobre Morosidad, argumentando que era injusto que una de cada cuatro quiebras se debiera a facturas impagadas. Ahora, parece que esta revisión está en camino de convertirse en realidad.
El sector del transporte español, cuenta con una normativa específica para sancionar a aquellas empresas que se demoran en realizar pagos más allá de los 60 días legales. Esta medida fue implementada tras las negociaciones con el Ministerio de Transportes, para abordar los problemas de morosidad específicos del sector, y desde su implantación se han iniciado números expedientes sancionadores por no respetar los plazos de pago.