El 14 de septiembre de 2018, se realizó una inspección en Moréac, los inspectores de transportes terrestre de la unidad de control de Vannes de la Dirección Regional de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Vivienda de Bretaña descubrieron en un complejo vial registrado en Polonia un sistema fraudulento que alteraba el sistema de control (tacógrafo).
Este nuevo sistema de fraude consiste en la modificación interna del software del dispositivo de control digital. La inserción de una mini llave USB en un puerto oculto detrás del salpicadero neutraliza cualquier registro de conducción mientras mantiene activa la información de velocidad. Esta manipulación permite ocultar los tiempos reales de conducción.
La infracción detectada por los inspectores es la modificación del sistema de control de las condiciones de trabajo en el transporte por carretera. Este delito se castiga con una multa de 30.000 euros y una pena máxima de un año de prisión.
El fiscal del Tribunal Regional de Lorient fijó en 4.500 euros el importe de la fianza (importe que debe abonarse para levantar la inmovilización del vehículo). Además, el conductor debe pagar el costo de la puesta a punto del equipo que asciende a más de 3.000€.
Dado que las manipulaciones fraudulentas cada vez son más frecuentes y más complejas, hacen que el nivel de conocimientos técnicos, de los servicios de control, también sean más altos.
Los transportistas que intentan este tipo de fraudes, al intervenir en el funcionamiento del dispositivo de control crean competencia desleal entre las empresas de transporte, al tiempo que ignoran la seguridad vial.
En 2017, se constató que el 20 % de los vehículos inspeccionados habían infringido las normas y que el 20 % de las infracciones se consideraban graves. Para todos los delitos combinados (desde la infracción hasta la infracción), el 54% de los delitos detectados se referían al incumplimiento de la legislación social europea. En 2018, estas prácticas continúan.
A través de controles aún más rigurosos, el Estado se compromete a luchar contra todas las formas de fraude en el transporte por carretera: económico, social y medioambiental. Las prácticas competitivas desleales perjudican a todos los profesionales del transporte por carretera, a la seguridad vial y a las personas que viven cerca de las infraestructuras de transporte. También socavan los esfuerzos de toda una profesión por proteger a los empleados del sector, no sólo en términos de servicios de calidad, sino también de de un transporte por carretera cada vez más limpio.
Fuente: Gobierno de Francia
Este nuevo sistema de fraude consiste en la modificación interna del software del dispositivo de control digital. La inserción de una mini llave USB en un puerto oculto detrás del salpicadero neutraliza cualquier registro de conducción mientras mantiene activa la información de velocidad. Esta manipulación permite ocultar los tiempos reales de conducción.
La infracción detectada por los inspectores es la modificación del sistema de control de las condiciones de trabajo en el transporte por carretera. Este delito se castiga con una multa de 30.000 euros y una pena máxima de un año de prisión.
El fiscal del Tribunal Regional de Lorient fijó en 4.500 euros el importe de la fianza (importe que debe abonarse para levantar la inmovilización del vehículo). Además, el conductor debe pagar el costo de la puesta a punto del equipo que asciende a más de 3.000€.
Dado que las manipulaciones fraudulentas cada vez son más frecuentes y más complejas, hacen que el nivel de conocimientos técnicos, de los servicios de control, también sean más altos.
Los transportistas que intentan este tipo de fraudes, al intervenir en el funcionamiento del dispositivo de control crean competencia desleal entre las empresas de transporte, al tiempo que ignoran la seguridad vial.
En 2017, se constató que el 20 % de los vehículos inspeccionados habían infringido las normas y que el 20 % de las infracciones se consideraban graves. Para todos los delitos combinados (desde la infracción hasta la infracción), el 54% de los delitos detectados se referían al incumplimiento de la legislación social europea. En 2018, estas prácticas continúan.
A través de controles aún más rigurosos, el Estado se compromete a luchar contra todas las formas de fraude en el transporte por carretera: económico, social y medioambiental. Las prácticas competitivas desleales perjudican a todos los profesionales del transporte por carretera, a la seguridad vial y a las personas que viven cerca de las infraestructuras de transporte. También socavan los esfuerzos de toda una profesión por proteger a los empleados del sector, no sólo en términos de servicios de calidad, sino también de de un transporte por carretera cada vez más limpio.
Fuente: Gobierno de Francia