Portugal bloquea la devolución del IVA de los peajes a transportistas españoles
Las empresas españolas de transporte internacional que operan habitualmente en Portugal están encontrando cada vez más dificultades para recuperar el IVA soportado en los peajes portugueses.

La situación ha sido denunciada públicamente por FENADISMER, que acusa a la Administración Tributaria portuguesa de aplicar una estrategia de bloqueo mediante la exigencia de documentación que, en muchos casos, resulta imposible de obtener para los transportistas.

Durante los últimos meses, numerosas solicitudes de devolución de IVA presentadas por empresas españolas han sido rechazadas por la Hacienda portuguesa, especialmente aquellas relacionadas con peajes.

Según el criterio aplicado por Portugal, las facturas emitidas por estos operadores no son suficientes para acreditar el derecho a la devolución del IVA, exigiéndose además documentación emitida directamente por las concesionarias de autopistas portuguesas.

Esta interpretación supone un cambio significativo respecto a la práctica mantenida durante años y está provocando la denegación de numerosos expedientes ya presentados.

Bruselas cuestiona el criterio portugués

La controversia ha llegado hasta la Comisión Europea.

Según ha informado FENADISMER, la Comisión considera que exigir exclusivamente facturas emitidas por las concesionarias puede resultar una medida desproporcionada cuando el transportista dispone de documentación válida emitida por el operador de telepeaje que acredita la realidad de la operación, el importe pagado y el IVA soportado.

Además, en la práctica, la mayoría de las empresas de transporte no mantienen relación contractual directa con las concesionarias portuguesas, sino con los operadores de telepeaje que gestionan los dispositivos utilizados en sus vehículos.

La devolución del IVA extranjero constituye una fuente importante de recuperación de costes para las empresas que realizan transporte internacional.
La denegación de estos expedientes supone:
 
  • Pérdida de liquidez.
  • Incremento de costes operativos.
  • Mayor carga administrativa.
  • Necesidad de aportar documentación complementaria para defender cada expediente.

En algunos casos, las empresas están recibiendo resoluciones de rechazo incluso después de haber aportado facturas, justificantes de peaje y documentación adicional.

Las resoluciones de rechazo suelen permitir la presentación de reclamaciones administrativas dentro de los plazos establecidos por la normativa portuguesa.
 
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