
El Gobierno castigará duramente a los empresarios que incumplan reiteradamente los derechos laborales de sus trabajadores. Se impondrán penas de prisión de seis meses a seis años y multas de seis a doce meses a empresarios que contraten falsos autónomos de forma reincidente o restrinjan de forma habitual los derechos laborales o las condiciones de trabajo pactadas, tanto en contratos como en convenios. Así se recoge en una de las enmiendas de los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos para modificar, entre otros, el artículo 311 del Código Penal.
La prioridad de esta ampliación de los delitos contra los derechos de los trabajadores es combatir el fraude de los falsos autónomos que se ha dado principalmente en el ámbito de las plataformas digitales de reparto y servicios a domicilio.
No obstante, hay más abusos laborales que pueden quedar perseguidos como son los falsos becarios o voluntarios, las cooperativas ficticias o las horas extra ilegales debido a la nueva redacción del artículo 311 del Código Penal que incluye: “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
Falsos autónomos
Los falsos autónomos, es decir, los trabajadores que están dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y prestan sus servicios para una empresa como si fueran trabajadores por cuenta ajena, no sólo son los riders. Hay muchos sectores que abusan de ellos más allá del reparto a domicilio. Por ello, esta relación laboral camuflada, ilegal, que conlleva grandes ventajas para la empresa e inconvenientes para el trabajador, va a ser perseguida prioritariamente con este nuevo precepto.
Cooperativas ficticias
Lo mismo ocurre con las falsas cooperativas que no funcionan como tal en realidad pero que se configuran bajo esta fórmula para obtener ciertas ventajas eludiendo, entre otros fraudes, la verdadera contratación por cuenta ajena de los trabajadores.
Falsos becarios o voluntarios
Los becarios son figuras de las que abusan muchas empresas. Estos abusos se traducen en que estos becarios ejercen funciones como si fueran trabajadores sin tener un contrato laboral sino bajo la firma de una beca o unas prácticas no laborales. El Gobierno tiene aún atascado el llamado Estatuto del Becario que pretende reducir estos abusos y reconocer más derechos a los verdaderos becarios.
La prioridad de esta ampliación de los delitos contra los derechos de los trabajadores es combatir el fraude de los falsos autónomos que se ha dado principalmente en el ámbito de las plataformas digitales de reparto y servicios a domicilio.
No obstante, hay más abusos laborales que pueden quedar perseguidos como son los falsos becarios o voluntarios, las cooperativas ficticias o las horas extra ilegales debido a la nueva redacción del artículo 311 del Código Penal que incluye: “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
Falsos autónomos
Los falsos autónomos, es decir, los trabajadores que están dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y prestan sus servicios para una empresa como si fueran trabajadores por cuenta ajena, no sólo son los riders. Hay muchos sectores que abusan de ellos más allá del reparto a domicilio. Por ello, esta relación laboral camuflada, ilegal, que conlleva grandes ventajas para la empresa e inconvenientes para el trabajador, va a ser perseguida prioritariamente con este nuevo precepto.
Cooperativas ficticias
Lo mismo ocurre con las falsas cooperativas que no funcionan como tal en realidad pero que se configuran bajo esta fórmula para obtener ciertas ventajas eludiendo, entre otros fraudes, la verdadera contratación por cuenta ajena de los trabajadores.
Falsos becarios o voluntarios
Los becarios son figuras de las que abusan muchas empresas. Estos abusos se traducen en que estos becarios ejercen funciones como si fueran trabajadores sin tener un contrato laboral sino bajo la firma de una beca o unas prácticas no laborales. El Gobierno tiene aún atascado el llamado Estatuto del Becario que pretende reducir estos abusos y reconocer más derechos a los verdaderos becarios.