ANTA convoca una marcha lenta el 8 de septiembre, entre la Zona Franca y la sede de Agricultura, y reclama revisar los procedimientos tramitados desde 2023. La asociación advierte de nuevas medidas si no obtiene respuesta.
La Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos (ANTA) ha convocado para el martes 8 de septiembre una manifestación y una marcha lenta de vehículos que partirá de la Zona Franca y avanzará hasta las inmediaciones de la sede del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat.
La movilización está prevista entre las 7.30 y las 12.00 horas y, según la organización, tendrá carácter cívico y pacífico. La circulación puede verse afectada especialmente en el eje de la Gran Via de les Corts Catalanes. La convocatoria ha sido recogida por varios medios especializados en transporte y logística.
El detonante es la demora que ANTA atribuye a la Administración catalana en la tramitación y notificación de procedimientos por posibles incumplimientos de la normativa de bienestar animal. La asociación sostiene que algunas empresas están recibiendo comunicaciones tres e incluso cuatro años después de los hechos investigados.
El paso del tiempo dificulta reconstruir cada operación: recuperar hojas de ruta, registros de temperatura y navegación, documentación sanitaria, datos del vehículo y del conductor o identificar a las personas que participaron en la carga y descarga. Para las empresas, añade, esa pérdida de trazabilidad puede traducirse en una menor capacidad para contradecir los hechos imputados.
La asociación asegura haber mantenido reuniones con responsables de la Administración catalana durante el último año. Ahora pide al consejero Òscar Ordeig que determine las causas de las demoras, adopte medidas para que no se repitan y promueva la revisión de los expedientes afectados correspondientes al periodo comprendido entre 2023 y mediados de 2026.
La petición sectorial va más allá de acelerar las notificaciones: ANTA solicita la revisión y anulación de los procedimientos en los que las deficiencias hayan comprometido las garantías de las empresas. Su gerente, Marc Póo, ha advertido de que, si no se adoptan medidas urgentes, la organización trabajará para impulsar una paralización de los movimientos de animales vivos por carretera, con el consiguiente impacto sobre explotaciones, centros de concentración, mataderos y el resto de la cadena ganadera.
La llegada tardía de una notificación no comporta automáticamente la nulidad de cualquier sanción. El análisis debe hacerse expediente por expediente: importa la calificación de la infracción, la fecha de los hechos, la fecha de incoación y notificación, las posibles interrupciones del plazo y el tiempo transcurrido desde que se inició formalmente el procedimiento.
La Ley 32/2007, que contiene las bases estatales del régimen sancionador en materia de cuidado de los animales durante el transporte, establece plazos de prescripción de cuatro años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. La misma ley fija en un año el plazo máximo de tramitación del procedimiento sancionador.
Cuando un procedimiento sancionador supera su plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la Ley 39/2015 prevé su caducidad y el archivo de las actuaciones. Ahora bien, la caducidad no equivale siempre a la extinción definitiva de la responsabilidad: la Administración podría iniciar un nuevo procedimiento si la infracción todavía no ha prescrito.
La organización subraya que no cuestiona la existencia de controles ni la obligación de proteger a los animales. Su reclamación se centra en la claridad de los criterios, la agilidad administrativa, la transparencia y el respeto efectivo del derecho de defensa.
ANTA convoca una marcha lenta el 8 de septiembre, entre la Zona Franca y la sede de Agricultura, y reclama revisar los procedimientos tramitados desde 2023. La asociación advierte de nuevas medidas si no obtiene respuesta.