El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha reforzado su vigilancia sobre las denominadas “falsas cooperativas” de transporte, una práctica que considera generadora de competencia desleal y fraude fiscal. Durante 2025, la Inspección de Transporte inspeccionó 27 cooperativas y abrió más de 1.200 expedientes sancionadores, en una de las campañas de control más importantes realizadas hasta la fecha.
La actuación inspectora se centra especialmente en determinadas cooperativas de trabajo asociado cuyos socios realizan facturación propia y tributan en el régimen de módulos, actuando en la práctica como autónomos independientes sin disponer de la correspondiente autorización de transporte. Según Transportes, esta situación puede constituir una infracción de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y generar ventajas competitivas indebidas frente a transportistas y empresas que cumplen la normativa.
Campaña especial en Barcelona
Uno de los operativos más relevantes tuvo lugar en junio de 2025 en el entorno de Barcelona, donde la Inspección de Transporte actuó conjuntamente con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Como resultado, fueron sancionadas 16 cooperativas por contratar servicios con socios que carecían de autorización de transporte, acumulando multas por valor de 552.276 euros. Además, 276 socios fueron sancionados por facturar servicios sin autorización, con multas que superan los 1,1 millones de euros.
Cooperativas legales frente a falsas cooperativas
El Ministerio recuerda que existen modelos cooperativos plenamente legales y necesarios para el sector. En las cooperativas de transportistas, cada socio debe disponer de su propia autorización de transporte. Por su parte, en las cooperativas de trabajo asociado es la propia cooperativa la titular de la autorización y los socios deben desarrollar su actividad dentro de ese marco societario.
El problema surge cuando algunos socios facturan individualmente servicios de transporte utilizando la cobertura de la cooperativa sin disponer de autorización propia, una práctica que la Administración considera fraudulenta y que puede acarrear sanciones tanto para la cooperativa como para los socios implicados.
Mayor presión inspectora en 2026
El refuerzo del control sobre estas estructuras se enmarca en una estrategia más amplia de lucha contra el fraude en el transporte por carretera. El Plan de Inspección de Transporte por Carretera 2026 mantiene esta línea de actuación y se coordina con otras iniciativas de la Inspección de Trabajo dirigidas también a combatir las denominadas empresas buzón y otras fórmulas de competencia desleal.
Desde el Ministerio se recomienda a los profesionales analizar con cautela las ofertas de cooperativas que prometen trabajar y facturar en módulos sin disponer de autorización de transporte propia, recordando que las irregularidades detectadas pueden derivar en importantes consecuencias económicas y administrativas.
La intensificación de las inspecciones busca garantizar una competencia equilibrada entre operadores y proteger a las empresas y autónomos que desarrollan su actividad conforme a la normativa vigente.
La actuación inspectora se centra especialmente en determinadas cooperativas de trabajo asociado cuyos socios realizan facturación propia y tributan en el régimen de módulos, actuando en la práctica como autónomos independientes sin disponer de la correspondiente autorización de transporte. Según Transportes, esta situación puede constituir una infracción de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y generar ventajas competitivas indebidas frente a transportistas y empresas que cumplen la normativa.
Campaña especial en Barcelona
Uno de los operativos más relevantes tuvo lugar en junio de 2025 en el entorno de Barcelona, donde la Inspección de Transporte actuó conjuntamente con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Como resultado, fueron sancionadas 16 cooperativas por contratar servicios con socios que carecían de autorización de transporte, acumulando multas por valor de 552.276 euros. Además, 276 socios fueron sancionados por facturar servicios sin autorización, con multas que superan los 1,1 millones de euros.
Cooperativas legales frente a falsas cooperativas
El Ministerio recuerda que existen modelos cooperativos plenamente legales y necesarios para el sector. En las cooperativas de transportistas, cada socio debe disponer de su propia autorización de transporte. Por su parte, en las cooperativas de trabajo asociado es la propia cooperativa la titular de la autorización y los socios deben desarrollar su actividad dentro de ese marco societario.
El problema surge cuando algunos socios facturan individualmente servicios de transporte utilizando la cobertura de la cooperativa sin disponer de autorización propia, una práctica que la Administración considera fraudulenta y que puede acarrear sanciones tanto para la cooperativa como para los socios implicados.
Mayor presión inspectora en 2026
El refuerzo del control sobre estas estructuras se enmarca en una estrategia más amplia de lucha contra el fraude en el transporte por carretera. El Plan de Inspección de Transporte por Carretera 2026 mantiene esta línea de actuación y se coordina con otras iniciativas de la Inspección de Trabajo dirigidas también a combatir las denominadas empresas buzón y otras fórmulas de competencia desleal.
Desde el Ministerio se recomienda a los profesionales analizar con cautela las ofertas de cooperativas que prometen trabajar y facturar en módulos sin disponer de autorización de transporte propia, recordando que las irregularidades detectadas pueden derivar en importantes consecuencias económicas y administrativas.
La intensificación de las inspecciones busca garantizar una competencia equilibrada entre operadores y proteger a las empresas y autónomos que desarrollan su actividad conforme a la normativa vigente.